Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
En un ambiente en el que reina la zozobra y el miedo, intentan salir a flote los araucanos quienes a gritos, piden ayuda del gobierno nacional para luchar contra el deterioro de las cifras de pobreza, desempleo, desarrollo e inversiones que no ceden, pero sobre todo por el restablecimiento de la seguridad en el territorio. Son más de dos años los que llevan siendo las víctimas del conflicto entre grupos armados ilegales, una pugna que ha escalado a niveles insospechados.
Hechos que van desde sanguinarios asesinatos, secuestros, ataques a la población civil, atentados contra la infraestructura militar y policial, hostigamientos, reclutamiento de menores, desapariciones y amenazas constantes, mantienen en vilo a los habitantes de las zonas rurales de Arauca. Un terror que convoca a una revisión en los diálogos de paz que lidera el gobierno, para que se defina prontamente si se continúa con la negociación o se procede al sometimiento de los grupos armados ilegales y bandas criminales que operan en esta y otras regiones.
Las cifras son estremecedoras, de acuerdo con la gobernación de Arauca, solo en los tres primeros meses del año, los grupos criminales que operan en este departamento perpetraron 27 asesinatos. Ni que decir de los secuestros que para este año ascienden a 43, incluyendo las 34 personas que permanecían en poder de grupos armados ilegales al final del año pasado, pero sin contar los casos que no han sido reportados a las autoridades por miedos a represalias.
Los pronunciamientos del Estado Mayor Central (EMC) las disidencias de las FARC-EP y el ELN de recrudecer la violencia, luego de los recientes atentados en Cauca, Valle y Nariño, demuestran la poca voluntad que tiene el fraccionado grupo de buscar una salida de diálogo. Ante la evidencia de situaciones que en lugar de tender puentes hacia la pacificación, lo que hacen es reencender las llamas de la violencia, el gobierno nacional debe actuar por el restablecimiento de la seguridad y la protección de la ciudadanía.
El país no puede permanecer a la expectativa de más secuestros, atentados terroristas y asesinatos mientras se habla de una Paz Total, que no llega a todas las regiones. Si vamos a hablar de paz tiene que ser sin más muertes y sin más secuestros, desde guerrillas o grupos criminales que, de verdad, abandonan la confrontación y dejan a un lado las armas.
Es prioritario que se restablezca cuanto antes el orden público. Las balas se han llevado vidas inocentes, en medio de un conflicto ajeno, que se ha salido de todo control y que amenaza con intensificarse. Los araucanos exigen acciones por parte del gobierno para que se le haga frente a este grave conflicto. Como hermanos nos solidarizamos y unimos al incesante clamor por el fin de la violencia en la región, añoramos junto a ustedes, el cese de las hostilidades y la liberación de los secuestrados.
El Estado debe responder con vigor y contundencia, su prioridad debe ser salvaguardar la soberanía, así como la vida, bienes y honra de los araucanos.
