A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por instalar mesas de diálogo de las que forman parte grupos armados ilegales, las cuales tienen como fin alcanzar la denominada paz total, en algunos territorios la intensidad del conflicto se mantiene, así lo revela el ‘Boletín de Movilidad Humana’, de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta del incremento en un 31% de los confinamientos en el país.
La entidad garante de los derechos humanos identificó que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2023 se presentaron 156 eventos de esa naturaleza, que afectaron a 39.942 personas, el equivalente a 11.094 familias, 37 confinamientos más que en el mismo periodo del 2022, cuando fueron registrados un total de 119.
“Lo que desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar es la afectación de las comunidades por cuenta de una expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
A ello se suma, agregó Camargo Assis, la contaminación con minas terrestres y las amenazas contra los pobladores que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado interno.
Chocó sigue siendo la zona con más confinamientos. A corte de septiembre, se presentaron en ese departamento 81 eventos; le siguen Putumayo, con 21; Nariño, 17; Arauca, 13; Cauca, 12; Valle del Cauca, 5; Bolívar, 4; Caquetá, 2, y Antioquia, 1.
La tendencia continúa si se comparan las cifras con el informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’, documento que fue presentado por la entidad en junio pasado en Quibdó, capital del Chocó, el cual dejó en evidencia el incremento de las restricciones a la movilidad.
El ‘Boletín de Movilidad Humana’, elaborado por la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo registró los dos municipios con mayores confinamientos: el primero, Puerto Rico (Caquetá), en el que 7300 personas quedaron confinadas; el segundo, el Bajo Baudó (Chocó), donde 6047 personas tuvieron que quedarse de manera forzada en sus territorios.
“En la Defensoría del Pueblo esperamos que con los nuevos anuncios de suspensión de las hostilidades de grupos armados ilegales sea garantizada la movilidad en las comunidades y el ejercicio de sus derechos, además de la disminución de la confrontación armada. También, el establecimiento de corredores humanitarios, cuando haya lugar a ello, para que sean mitigados los impactos del confinamiento en las regiones asediadas por la confrontación armada”, puntualizó el Defensor del Pueblo.