Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
El rezago de Ecopetrol en muchos de sus frentes está agudizando la actual crisis de confianza en su liderazgo y estrategia corporativa, avivando los cuestionamientos a la gestión de la estatal. La incertidumbre acerca del futuro de la empresa más grande de Colombia, es un pésimo síntoma que coincide con el deterioro de la compañía, aumentando el temor por su impacto en las finanzas públicas de Colombia.
Los tropiezos en su gestión y estrategia de transición energética, demandan una revisión profunda y crítica. Cada día la empresa demuestra su dificultad de adaptarse a las exigencias del mercado sostenible, un claro ejemplo es él desangre financiero de aproximadamente $3,000 millones diarios, que presenta por la baja cobertura energética en sus procesos productivos que la obligan a comprar a precios de bolsa de energía.
Esta alta dependencia de la energía eléctrica que tiene en su operación encarece de manera considerable el precio del barril, representando un alto costo para sus finanzas, anualmente la compañía gasta unos 250 millones de dólares para la adquisición de energía. Una evidente falta de previsión y estrategia a largo plazo que ha costado caro a la compañía y a sus accionistas.
La caída en las utilidades y los ingresos del 2023, que según el balance financiero oficial, fue del 42,8% en comparación con los 33,4 billones de pesos registrados en el 2022, y de un 10,2% con $16,4 billones menos frente al año anterior, reflejan el retroceso y la crítica situación de Ecopetrol.
Los signos de lentitud y falta de agilidad, que demuestra compañía en medio de industria tan compleja como la petrolera, están deteriorando su reputación y atractivo como inversión segura y rentable. Ni que decir de las últimas decisiones anunciadas, como la confirmación de importar gas desde Venezuela el próximo año, que nos conduciría a la pérdida de la seguridad energética y el incremento en los precios del combustible.
A todo lo anterior, se suman los problemas jurídicos de su presidente Ricardo Roa, a quien se le investiga por la financiación de la campaña presidencial de 2022. Un escándalo que nada bueno le genera a la empresa petrolera que se encuentra cotizando en la Bolsa de Valores de Colombia y de Nueva York.
Con un rezago sin precedentes, fruto de la desinversión en la exploración y producción, la reducción en la actividad de taladros, una transición energética estancada, y la evidente inacción de su dirección, la empresa presenta delicados riesgos que demandan una revisión profunda y crítica, con actuaciones transparentes.
El país necesita una dirección realmente comprometida con la transición energética que potencie los recursos de crudo y gas, garantizando la eficiencia operativa y financiera de la empresa, así como el cumplimiento de sus objetivos ambientales y económicos. Urge un plan de acción claro, respaldado por inversiones significativas en tecnologías que disminuyan su impacto ambiental y genere resultados.
