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Defensoría del Pueblo Advierte sobre Actualización del Sisbén y Posible Vulneración de Derechos Ciudadanos

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta respecto a la actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), advirtiendo sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la reciente categorización realizada a través del Registro Social de Hogares (RSH).

Según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, esta actualización ha impactado a 20,8 millones de personas, lo que representa el 60% del total del Sisbén. Es particularmente preocupante que 1,7 millones de beneficiarios de programas de transferencias estén sujetos a esta actualización, ya que podrían perder su condición de beneficiarios sin que haya cambiado realmente su situación. Por lo tanto, es crucial que la implementación de este mecanismo sea rigurosa y cuidadosa.

El proceso de actualización del Sisbén ha resultado en cambios significativos en la clasificación de los hogares. Si bien algunos hogares han sido reubicados en categorías que podrían interpretarse como una mejora en su condición socioeconómica, preocupa el aumento en el número de hogares clasificados como vulnerables. Esto podría llevar a la exclusión de beneficios esenciales para aquellos que dependen de programas sociales para satisfacer sus necesidades básicas.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado colombiano para implementar medidas que protejan a los hogares de una transición abrupta, garantizando que ningún hogar pierda acceso repentino a los programas sociales. Se recomienda establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de la recategorización, implementar políticas de transición, garantizar un sistema de apelación eficiente y llevar a cabo campañas de información para informar a los hogares sobre los cambios y las implicaciones de su nueva clasificación.

En última instancia, la Defensoría del Pueblo insta al Departamento Nacional de Planeación y a las entidades gubernamentales a considerar las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en el Sisbén, asegurando que cualquier cambio se realice con justicia y equidad, y priorizando siempre el bienestar de los hogares colombianos.

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