El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, da cuenta de que entre enero del 2022 y mayo del 2024 hubo 38 eventos de conflictividad social relacionados con la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio nacional. La cifra más alta data del 2022, con 28 casos (74% del total de los hechos identificados); en 2023, nueve (24%), y entre enero y mayo de este año, uno (3%).
Los departamentos en los que ocurrieron los eventos fueron Nariño: 21% de los hechos; Córdoba: 18%; Norte de Santander: 16%; Bolívar: 13%; Putumayo: 8%; Antioquia: 8%; Cauca: 5%; Meta: 5%; Valle del Cauca: 3%, y Caquetá: 3%.
Los conflictos sociales, a partir de lo evidenciado por la Defensoría, a través de su Delegada y Observatorio de Conflictividad Social, se debe a incumplimientos de los programas de sustitución, partiendo de la base que el Acuerdo Final de Paz define al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) como uno de los pilares de solución a la problemática, como también lo es la Reforma Rural Integral, que busca brindarle al campesinado una solución sostenible y definitiva. A la fecha, 99.097 familias han firmado acuerdos de sustitución en el país.
Entre las falencias evidenciadas, señala el documento, está la aplicación de la política rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual se manifiesta a través de ineficacia de las instituciones responsables del desarrollo rural, descoordinación entre niveles de gobierno para brindar una oferta sostenible, inseguridad alimentaria y nutricional y presencia de estructuras armadas ilegales.
Estudio de caso en la subregión Catatumbo
En el departamento de Norte de Santander, entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de mayo del 2024 ocurrieron seis eventos de conflictos sociales manifiestos (cinco en Tibú y uno en El Tarra).
Se perciben problemáticas y factores de riesgo que pueden dar lugar al escalamiento de los conflictos, por lo que se requiere mayor esfuerzo gubernamental en la subregión Catatumbo, donde la presencia de cultivos de uso ilícito es significativa, pero solamente los municipios de Sardinata y Tibú fueron priorizados en el desarrollo del Pnis.
Desafíos identificados
Es necesario que el Gobierno Nacional aumente esfuerzos para desarrollar acciones orientadas a la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito, como el apoyo en la implementación de proyectos productivos de ciclo corto, que tienen un alcance de metas tan solo del 9%; la asistencia técnica integral, que cuenta con un avance del 50%, y la implementación de alternativas de desarrollo agrícola.
Además, a partir de las demandas sociales, es necesario cumplir con las responsabilidades estatales en la implementación del Pnis y la capacidad de respuesta gubernamental para hacer efectivo su rol de garante del desarrollo rural integral.
De esta manera, el informe concluye que las acciones de erradicación forzada o voluntaria no conducen a la eliminación del primer eslabón en la cadena de las drogas ilícitas, por lo tanto, deben estar acompañadas de una oferta institucional que potencie la sostenibilidad de los cultivos lícitos y les haga frente a los problemas agrarios.
Es clave garantizar el bienestar social de las comunidades en un horizonte de transformación territorial, el cual garantice el goce de los derechos fundamentales a través de la disposición de infraestructura adecuada, distribución equitativa de la tierra y seguridad para las comunidades rurales.
