Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
El pasado lunes 13 de mayo se cumplieron los primeros 10 años de la promulgación de nuestra Ley 1715 de 2014, conocida como la ley de Energías Limpias. Mucha agua ha corrido desde entonces y los múltiples obstáculos sorteados nos han llevado a tener, hoy, sólidas bases para el desarrollo de la transición energética nacional.
Por aquellos días, muchos nos dijeron que estábamos locos por querer traer la innovación al país, pero esto, en vez de desmotivarnos, nos impulsó a aferrarnos más a ese sueño de impulsar la transformación sostenible del sector energético. Con la 1715 del 2014 que regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, se declararon a las FNCER como asunto de utilidad pública, de interés social y de conveniencia nacional, así empezamos a abrirle paso a una nueva era en materia de energías alternativas.
Unos años más tarde logramos otro hito, la Ley 2099 de 2021 de Transición Energética, una iniciativa que surgió de la necesidad de actualizar la Ley de Energías Limpias, para dinamizar el mercado eléctrico e incentivar la utilización de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde y azul, así como la eficiencia energética y la movilidad sostenible, entre otros.
Aunque en los últimos años se ha incrementado significativamente la capacidad instalada de energía renovable en el sistema interconectado nacional, y para este 2024 se espera un aumento en la participación de las FNCER del 9% de la capacidad total del parque generador en Colombia, todavía son muchas las dudas y preocupaciones que rondan en el sector, en su mayoría por los tiempos de ejecución de los proyectos, la demora en los trámites y los conflictos con distintas comunidades.
Por distintos obstáculos, principalmente, en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, la mayoría de los proyectos adjudicados vía subastas no han entrado en operación, entre ellos la línea Colectora, una de las megaobras claves para la conexión de parques solares y eólicos, cuyo retraso genera incertidumbre en proyectos que aportarán cerca del 10% de la demanda de energía eléctrica de Colombia. De acuerdo con Ser Colombia, en el 2023 solo se ejecutaron 36% de los 41 proyectos identificados para ese año, lo demás fue pospuesto para 2024 y 2025.
Profundiza esta crisis, el hecho que el gobierno no haya definido aún, la hoja de ruta para la denominada “Transición Energética Justa”. En Colombia, tenemos las bases para seguir impulsando el desarrollo de las energías limpias, no podemos quedarnos estancados, hay que brindarle viabilidad a los proyectos y mitigar los conflictos con las comunidades, a través de una clara política que contribuya al mejoramiento de los procesos actuales. Es urgente revertir el panorama de fracaso en los proyectos renovables que buscan un norte y el apoyo del ejecutivo.
Con las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, no solo hemos buscado la transformación sostenible del sector energético a través de la adopción de nuevas fuentes de generación de energía renovable, sino también contribuir a la reducción de esa gran brecha de acceso a la electricidad que existe en nuestro país. Desde su creación hemos buscado reivindicarnos con las miles de familias colombianas que no cuentan con este servicio en sus hogares porque somos conscientes que solo podremos hablar de una “Transición Energética Justa” el día en que todos los colombianos tengan acceso a la energía eléctrica y paguen una tarifa razonable.
